Provinciales

Organizaciones de mujeres reclaman la liberación de una mujer presa por abortar

Desde el 2 de noviembre una mujer de 36 años oriunda de la localidad de Cañada de Gómez en el sur provincial está presa por haber interrumpido el embarazo que cursaba. Según señalan distintas organizaciones que militan por los derechos de las mujeres y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el aborto se dio en un contexto de gran vulnerabilizaci´ón social y económica.

La mujer en cuestión fue denunciada, detenida e imputada por la fiscal Gabriela Lescano que le atribuyó los delitos de doble homicidio calificado. En tanto, el juez Álvaro Campos convalidó la medida y le dictaminó prisión preventiva por 45 días.

«El hecho sucedió el 30 de octubre. D.T. es una chica de 36 años que tiene cinco hijos, tiene un consumo problemático de sustancias de estupefacientes y una situación socioeconómica bastante delicada«, describió la abogada defensora Daiana Araya. «Lo raro de este caso es que la fiscal cuando relata el hecho en la audiencia imputativa habla de un aborto. Dice que D.T. habría ingerido pastillas o algunas sustancias para interrumpir el embarazo y luego termina imputándola por homicidio«, continuó en diálogo con UNO.

Asimismo, destacó que en la información que forma parte de la causa no se detallan las semanas de avance de la gestación y que la imputada «no se había hecho ningún control ginecológico del embarazo, ni uno solo». En otro orden, la letrada señaló que en la necropsia conducida sobre los dos fetos encontrados señala que la causa de muerte es «indeterminada, se investiga».

«Lo gravísimo es que una fiscal lleva a una mujer a una audiencia de homicidio agravado por el vinculo cuando ni siquiera tiene pruebas médicas que constaten que hayan nacido con vida. Además que relata un hecho de aborto y luego impute un homicidio», subrayó la abogada y acusó que la funcionaria judicial actuó con una «perspectiva antiderechos» y desde «una moral de clase media».

Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal se emitió un comunicado que señaló que la determinación de Lescano fue «apresurada e insólita”. En tanto, la defensora Florencia Chaumet puso en relieve las irregularidades en la investigación y la carencia de pruebas para apresar preventivamente a una persona. Por lo citado pidió la nulidad del caso.

Y finaliza: “Preocupa el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias y actores estatales que tienden a criminalizar y revictimizar -en casos como el presente- a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas”.

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