Política y Economía

Saín fue citado para ser notificado en la causa de espionaje ilegal

El ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, deberá pasar por la Agencia de Investigación Criminal para escuchar sus derechos antes que se ponga fecha para la audiencia imputativa por asociación ilícita. Lo mismo deberán hacer 6 funcionarios que renunciaron tras los allanamientos a las sedes capitalina y rosarina de la cartera que dirige Jorge Lagna. También deberán responder por una licitación de compra de armamento presuntamente direccionada en favor de una empresa israelita.

La medida fue dispuesta por los fiscales de Asuntos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Giménez. La misma alcanza a Saín, Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo suspendida). Junto a ellos, el contador Maximiliano Novas, ex secretario de Finanzas.

La notificación denominada Investigación Penal Preparatoria con el «imputado individualizado hay que hacer saber los derechos, designar defensor, constituir domicilio y esas cosas», comentó una fuente investigativa al periodista Hernán Funes. El procedimiento los vincula a una presunta asociación ilícita y a delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Mientras tanto el Gobierno de Omar Perotti -que ya respaldó a Lagna en su puesto y pidió por una ley de Emergencia para lograr financiamiento- los vincula a una presunta asociación ilícita y a delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Toda la renovación se da en medio de una crisis de violencia armada que azota con inusitada intensidad a la ciudad de Rosario y que, en lo que va de 2021, acumula 229 homicidios.

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